21 de enero de 2010

Educación sexual (II)


Ayer comentaba un aspecto de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva que es, a mi juicio, tremendamente peligroso: La obsesión moralizante de la misma, que busca adoctrinar a la población en una determinada moral, contraria a los valores de una ética personalista. La filosofía de fondo de nuestros gobernantes es que, ya que no es posible evitar que los jóvenes tengan relaciones sexuales promiscuas, al menos hay que facilitarles los medios para que puedan tenerlas desligando absolutamente el placer del sexo y la procreación. Por eso, al partir de una premisa falsa, llegan a conclusiones estúpidas (y peligrosas). Y se aplican a ponerlas en práctica. Así, pretenden que en los colegios se explique a los alumnos las diversas formas de tener relaciones sexuales (desde una perspectiva de género), y además, cómo hacerlo para evitar el embarazo (uso de preservativos, píldoras, aborto, etc). Creo que es muy coherente que desde su perspectiva de prevención de embarazos no deseados, en el marco de una sexualidad responsable se fomenten determinados modelos morales. Pero también lo es el hecho de que muchos padres no estén de acuerdo en que se eduque así a sus hijos, porque piensan que no es bueno para su desarrollo armónico como personas. No se trata de cuestiones religiosas (algunos confunden la moral con la religión) sino de visiones diferentes y contradictorias de la antropología.
Según un informe de Profesionales por la Ética, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha confirmado a los medios de comunicación que el Ministerio de Sanidad está elaborando una normativa legal que obligará a los centros educativos, sin excepciones, a impartir educación sexual a todos los alumnos. La formación en esta materia no la proporcionarán los profesores del centro, sino personal sanitario externo designado por la Administración, especialmente farmacéuticos y enfermeros pero también psicólogos, sexólogos y todos aquellos profesionales que el Gobierno quiera capacitar y acreditar. Ello, con el objetivo evidente de garantizarse un único sesgo de adoctrinamiento, y para no tener que detenerse siquiera frente a los respectivos idearios de los centros educativos. No me extrañaría que así se hiciera, a tenor de lo que dice la propia ley en su artículo 10: "Los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización de actividades formativas relacionadas con la educación afectivo sexual, la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, facilitando información adecuada a los padres y las madres".
En este sentido me hago eco de una rueda de prensa que tuvo lugar ayer en Madrid (y creo que también simultáneamente en varias ciudades más), a la que asistí, y en la que se presentó el manifiesto por la libertad de educación que han firmado más de 140 asociaciones cívicas de toda España. En la foto se puede ver una imagen que tomé de dicho acto, donde aparecen entre otros, Marisa Pérez Toribio, presidenta de España Educa en Libertad, Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda, Nicolás Jouvé de la Barreda, presidente de CiViCa, Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida, y Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, junto a otros firmantes del documento.
Por cierto que en esta web se puede uno adherir al citado manifiesto, bien como organismo o a título particular.
Me parece una iniciativa muy oportuna y necesaria.
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