Según Victoria Camps, "si el aborto es una prestación legitima los centros públicos la tienen que poder ofrecer". Y por tanto, se trata de ver cómo se combina ese "derecho" con el que también tienen los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia. Tiemblo cuando oigo a la presidenta de este comité de expertos decir que la objeción de conciencia "es un derecho pero que al afectar a terceras personas debe tener una normativa". Da toda la sensación de que este comité, al que no se le invitó en su día a ser escuchado en la ronda que hizo la comisión que preparó el proyecto del aborto, ahora quiere a toda prisa ponerse a ayudar al gobierno en su despropósito. Y eso que tampoco ahora les han pedido la opinión. Pero ella insiste en que el problema de esta propuesta es que no contempla unos plazos. Para la Sra. Camps el ideal de la ley del aborto sería que estuviera permitido sin limitación, siempre que se hiciera dentro de unos plazos, y no con el coladero que el tercer supuesto de la ley actual supone. Fíjense en qué guinda, que sale de la boca de la presidenta del comité: «Es necesario pasar de la tipificación como delito a un reconocimiento a la autonomía reproductiva de la mujer». Sin comentarios.
Por eso tampoco sé qué pensar ante las palabras que he leído de Marcelo Palacios, presidente de la SIBI, entidad que acoge la reunión del Comité, referidas a la ponencia sobre bancos de sangre de cordón umbilical que él se ha encargado de defender. Palacios ha dicho que lo fundamental es la libertad de las personas para decidir y hasta que punto las células pueden ser utilizadas para su propio beneficio. Tengo que saber algo más, porque esto se puede interpretar en un sentido y en el contrario. Según ha comunicado, el Comité piensa redactar también un documento sobre este tema, aunque aún no saben cuál será su postura al respecto.
Para los que no lo sepan, Marcelo Palacios fue el impulsor del convenio de Oviedo (Convenio Europeo sobre los derechos humanos y la biomedicina), que nuestro país refrendó el 23 de abril de 1999, y que en su artículo 1 dice algo tan bonito como lo siguiente: "Las Partes en el presente Convenio protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina". No veo cómo se casa esto con la interrupción (= finalización) de la vida, que es el primero y principal de todos los derechos. El Dr. Palacios, refiriéndose al tema del aborto ha manifestado que un plazo de 12 semanas hubiera sido "suficiente" para que a las mujeres que quieran abortar les diera tiempo a reflexionar sobre ello, frente a las 14 semanas que recoge el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno. Sin comentarios.
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