Hace 15 días envié un correo electrónico a la Ministra de Igualdad, en la que le expresaba mi rechazo a la nueva ley del aborto que está preparando el gobierno, basándome en tres argumentos:
- La nueva ley deja a la mujer sóla ante el drama del aborto, avocada al aborto como la única salida posible.
- El feto es un bien jurídicamente protegido por nuestra Constitución, según dicta el recurso 53/85 del Tribunal Constitucional
- Hay que buscar una forma más efectiva de defender tanto a la mujer embarazada como al hijo inocente.
Hoy me ha contestado su jefa del área de comunicación ciudadana, Dª Concha Gavarrón Casado. Espero que no se moleste (y que a ustedes no les importe) si transcribo su respuesta a continuación:
Estimado Sr. Losada.
Hemos recibido su escrito en el que manifiesta su rotundo rechazo y expresa diversas consideraciones críticas ante una posible nueva regulación legal de la práctica del aborto.
Respetamos sus comentarios y profundas reflexiones sobre la defensa de la vida y las traumáticas consecuencias para las mujeres No obstante, cabe señalar que la ley vigente desde1985 considera que el aborto es un delito que debe castigarse siempre salvo en tres circunstancias: grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada, graves malformaciones en el feto (antes de las 22 semanas de gestación) y en casos de embarazo consecuencia de una violación (antes de las 12 semanas de gestación). Sin embargo, la citada ley no es suficiente para respetar la decisión responsable de la mujer, ni el interés del Estado en la protección del no nacido, ni garantiza la mejor prestación sanitaria posible, ni el trabajo de los profesionales.
Los datos publicados cada año muestran claramente que el número de abortos y, por tanto, de embarazos no deseados, sigue creciendo en nuestro país. No se ha logrado garantizar la prestación sanitaria en el sistema público y existen provincias españolas en donde no es posible encontrar un centro acreditado en donde llevar a cabo la prestación. Esto provoca que las mujeres tengan que desplazarse a otros territorios en un peregrinaje por el territorio nacional y, en muchos casos, en el extranjero o en la medicina privada.
Estas son las conclusiones elaboradas en el Parlamento por la Subcomisión de Estudio creada al efecto en el Congreso de los Diputados. También coincide en ello el informe del Comité de Personas Expertas nombrado por el Gobierno para estudiar la situación del aborto en España y hacer, en su caso, propuestas de reforma.
En consecuencia, y con el objetivo de conseguir la mejor legislación posible, la Ministra de Igualdad, doña Bibiana Aído, ha llevado a cabo un proceso de diálogo y escucha con distintas asociaciones, instituciones y organismos para atender sus consideraciones y sugerencias. Así, y respondiendo a su compromiso de oír todas las voces interesadas, ha mantenido reuniones con miembros del Consejo de la Juventud de España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), y también con distintas Asociaciones de mujeres y colectivos ‘provida’.
Posteriormente, el Gobierno en su reunión del pasado 14 de mayo, ha aprobado el Anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Este proyecto de futura norma incorpora medidas en el ámbito social, sanitario y educativo, para garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva y para prevenir embarazos no deseados, a la vez que contempla la elaboración de una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva a cinco años, con participación de la comunidad científica y educativa.
También ofrece mayores garantías jurídicas para las mujeres, seguridad para los profesionales sanitarios y supone una norma equilibrada y moderna, que nos acerca más a Europa y que da, por primera vez, rango de ley a la educación sexual en nuestro país, por considerar que todas las personas tienen derecho a la mejor salud posible, incluida la salud sexual y reproductiva, y a tener hijos y a decidir cuando tenerlos.
El Anteproyecto prevé que hasta la semana 14 de gestación, la mujer podrá interrumpir el embarazo siempre que, previamente, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad. De manera excepcional, hasta la semana 22 se podrá interrumpir el embarazo sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En ambos casos, se deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención. A partir de aquí sólo se podrá autorizar una interrupción a petición de la embarazada, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. En este supuesto se requiere la autorización de un Comité Clínico pluridisciplinar
Con la nueva Ley ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo en estas condiciones legales y se plantea la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente para equiparar la Interrupción Voluntaria del Embarazo al resto de prestaciones sanitarias, donde la mayoría de edad para decidir se sitúa en 16 años con el objetivo de evitar intervenciones clandestinas y dar coherencia al marco jurídico. Además, se garantizará dentro de los servicios del Sistema Nacional de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita.
El citado Anteproyecto debe ahora ser informado por diversos órganos del Estado. Después el Consejo de Ministros, tras las modificaciones que estime oportunas, lo aprobará como Proyecto de Ley y lo enviará al Parlamento para su tramitación y aprobación, que por tratarse de una Ley Orgánica, exige del apoyo de la mayoría absoluta de ambas cámaras.
Con saludos cordiales, quedamos a su disposición
Y a continuación, mi respuesta a este e-mail de la Sra. Ministra:
Att. Sra. Ministra de Igualdad:
Yo también respeto sus convicciones, aunque me producen un profundo rechazo por la ignorancia que reflejan de las opiniones de los expertos que le han presentado los argumentos científicos en virtud de los cuales resulta evidente la realidad humana del embrión y por tanto, el ataque a su dignidad y a su derecho fundamental a que se respete su vida que supone la ley del aborto que desde su ministerio están impulsando. Sus recientes manifestaciones en las que afirma que un feto de 13 semanas "no se puede considerar un ser humano" demuestran, o bien un profundo desconocimiento de este hecho biológico incontestable, o un desprecio absoluto a esa realidad y un insulto a la inteligencia de los españoles. Francamente, proveniendo de un miembro de mi gobierno, no sé cuál de las dos alternativas me resulta más preocupante.
La ley actualmente vigente lo único que hace es despenalizar tres supuestos que siguen siendo un delito en nuestro Código Civil, como no podría ser de otra manera. Porque nuestras leyes protegen el derecho a la vida como el derecho fundamental de todo ser humano. Con la ley actual, en efecto, en vez de haberse evitado el drama del aborto, se ha ido incrementando su número cada vez más hasta alcanzar la escalofriante cifra de más de 1.000.000 de españoles a los que no se les ha permitido nacer en los años que lleva vigente. Efectivamente, usted ha escuchado a todas las partes interesadas. Pero no ha hecho ni caso a los expertos que le han indicado que un aborto es un asesinato de un ser humano. Tras escuchar a todos los expertos usted sigue diciendo esa aberración de que un feto de 13 semanas no es un ser humano. Y sigue pensando que los que opinan lo contrario lo hacen por razones religiosas... Lamentablemente, sólo ha prestado atención a los que son parte interesada en mantener el floreciente negocio de las clínicas abortivas, aunque sea a costa de la salud física y psicológica de las mujeres a las que su ministerio debería prestar una atención especial.
Por si no lo sabe, con la ley actual ninguna mujer puede ser penada con cárcel (ni con nada) si aborta bajo alguno de los tres supuestos que despenalizan el aborto. Porque, como su propio nombre indica, en esos supuestos el delito está despenalizado. Como así ha sido: Ninguna mujer ha ido a la cárcel en España por haber abortado. Otra cosa es que se abortara en algún supuesto diferente de los contemplados por la ley. A pesar de que es evidente que se ha hecho así, tampoco la ley se ha cebado con ninguna mujer. De modo que no me trate de engañar diciendo que esta nueva ley va a impedir que una mujer que aborta pueda ir a la cárcel.
No contentos con esto, lo que pretenden con esta nueva ley es ampliar aún más las facilidades de abortar, creando una nueva figura del Derecho, en virtud de la cual no sea siquiera delito matar a una persona, y permitiendo que el coladero por el que se estaban realizando la mayoría de los abortos cobre mayores garantías para los que se lucran con ello. Respecto a la rebaja de edad para permitir que las menores a partir de 16 años puedan abortar sin conocimiento de sus padres...efectivamente, tendrán que modificar la Ley de Autonomía del Paciente, retorciéndola hasta hacerla inconsistente. No se olviden también de reformar el Código Civil para regular de nuevo el concepto de patria potestad, que quedará confuso de lo contrario. Lo de suministrar la PDD sin receta en las farmacias imagino obedece al mismo desatino. O a ganas de meter ruido a ver hasta cuándo reacciona la ciudadanía. Y ya puestos, vayan pensando en multiplicar la inversión para centros de salud mental en los que acoger a todas estas jóvenes a las que su política va a destrozar psicológicamente. Señora ministra, su política me recuerda a la de aquel que para evitar los incendios decidió regalar extintores a los pirómanos.
Usted y el gobierno del que forma parte son un auténtico peligro para la salud de los españoles. En lo que de mí dependa, estén seguros de que no contarán con mi apoyo.
Atentamente
Agustín Losada
3 comentarios:
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