28 de junio de 2010

Comités Clínicos para decidir si la malformación en el feto es grave o no

El gobierno sigue empujando de forma imparable el rodillo para aplicar la nueva ley del aborto que entrará en vigor el próximo día 5 de julio. Así, la semana pasada aprobó dos reales decretos por los que regula la existencia de un Comité Clínico que deberá decidir si la malformación en el feto es lo suficientemente grave como para permitir que se aborte pasado el plazo de las 14 semanas. Cada comunidad autonoma deberá contar al menos con uno de estos comités, que estará formado por dos ginecólogos y un pediatra, los cuales en un plazo de 10 días deberán emitir su dictamen. Si el diagnóstico es negativo, se notificará a la mujer que no se encuentra en un supuesto legal para interrumpir la gestación más allá de la semana 14, por lo que debe darse prisa y abortar antes, mientras no pase el plazo en el que no hace falta alegar razón alguna para matar al hijo.
También se aprobó, como habían anunciado, que las chicas de 16 y 17 años que quieran abortar deberán presentar un documento donde conste que han informado antes a sus padres. Sólo dejará de ser obligatorio si alegan que informarles de tal decisión a los padres les supone a las pobres chicas un conflicto grave, y un psicólogo o un trabajador social avalan su declaración. Ya saben, la chica debe presentar una fotocopia del DNI de los padres con su firma en un papel donde digan que están de acuerdo en que su hija aborte. En el caso de que la niña no sea lo suficientemente hábil para falsificar la firma de los padres siempre podrá alegar que le causa un gran trauma tener que contárselo a los padres, y un amable trabajador social será quien emita el certificado preceptivo. Todo muy legal y transparente.
No parece que sea tanto el segundo RD que fija los requisitos que deberán cumplir las empresas privadas que se acrediten para practicar abortos. La patronal de estos negocios dice que quedan muchas cosas por concretar en el RD. Y además, las autonomías todavía no han definido cómo concertarán servicios ni han establecido cómo protegerán la identidad de quienes aborten. A ver si después de todo lo que se ha montado para que los abortorios puedan trabajar sin injerencias de los provida ahora va a resultar que siguen quedando flecos por donde les puedan llover las denuncias.
El gobierno, además, está muy preocupado por garantizar el servicio en todo el territorio nacional a todas las "usuarias". Así que han establecido que la paciente, excepcionalmente y con el compromiso escrito del pago del servicio por la Administración, podrá acudir a cualquier centro habilitado en el territorio nacional. La sanidad pública tendrá 10 días naturales como máximo para facilitar este documento. Cuando la pública no pueda realizar la intervención, una clínica privada debidamente acreditada podrá practicarla. No se puede decir que dejen nada a la improvisación.
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