La que ha montado la Comisión Deontológica del Consejo Andaluz de Médicos

La Comisión Deontológica del Consejo Andaluz de Médicos ha publicado hace un mes un artículo en una revista, en el cual considera la selección de embriones con fines terapéuticos una técnica al servicio de la violencia. Ante tamaña afirmación, le han llovido las críticas por todas partes. Por un lado, de parte del Dr. Guillermo Antiñolo, director del Plan de Genética de Andalucía, que fue el responsable de lograr el primer bebé medicamento en España (ya saben, el tristemente famoso Javier Mariscal, que fue seleccionado para usar la sangre de su cordón umbilical para curar a su hermano Andrés). El Dr. Antiñolo ha dicho que "el colegio de médicos debería hacerse mirar a quién representa", con lo que parce indicar que, o bien él no pertenece al mismo o no se siente representado por ellos. En cualquier caso, parece claro que él personalmente no está de acuerdo. Es decir, que le parece muy bien la selección genética de seres humanos en función de su carga genética. Hasta cierto punto, es lógico, porque vive de ello.

Por otro lado, la consejera de sanidad andaluza, Mª Jesús Montero, ha enviado también un requerimiento por escrito al colegio de médicos para que explique si da carácter de documento oficial al texto y, si es así, exigirle que lo revoque (por cierto, excelente ejemplo de democracia el de esta socialista). La razón que esgrime es que "si lo aprueba la asamblea del colegio (el documento), ello implicaría que el mismo tendría ya un carácter normativo y vinculante para los profesionales médicos que están colegiados, con lo que se estaría planteando un grave problema en todo el sistema sanitario público andaluz (SSPA), en dónde ya se aplica el DGP tras haberse reconocido por Ley este derecho de los ciudadanos e incorporado a la cartera básica de servicios".

El documento fue aprobado el 21 de octubre por la comisión deontológica del consejo andaluz de médicos y está pendiente de ser sometido a votación de los presidentes de los colegios provinciales, un trámite para el que, según fuentes del colegio regional, todavía no hay fecha. Pero, ¿qué dice ese documento que despierta tamañas críticas? ¿Se han vuelto locos de repente los médicos andaluces? Para empezar, hay que aclarar que el citado documento es un artículo publicado en la revista "Andalucía Médica" del órgano colegial, en el número 67 (noviembre 2009). Si quieren leerlo íntegro vayan a este enlace.

A mí me parece que lo que dice es algo tan evidente y razonable como que el diagnóstico genético preimplantatorio (DGP) es una técnica al servicio de la violencia y contraria a la ética porque “otorga a unos seres humanos la capacidad de decidir sobre la vida de otros”. Además, dicen que “un aspecto éticamente muy negativo de la producción de los bebés-medicamento es que, para obtenerlos, ineludiblemente, hay que destruir un elevado número de vidas humanas de embriones”.  Indiscutible.

El hecho de que los responsables sanitarios se opongan ferozmente a que los médicos digan su opinión indica una peligrosa corriente de opinión, según la cual si uno trabaja para el Estado no tiene derecho al pensamiento propio, sino que está obligado a plegarse a lo que le diga el Estado que debe hacer. Y si no está de acuerdo, no puede ser funcionario público. No se le impide la libertad de conciencia, pero sólo la puede defender en el ámbito privado. El público está reservado para el pensamiento monolítico, inmutable, del Estado. Brave New World, de Aldous Huxley reeditado en versión socialismo siglo XXI.