Opinión del ministro del interior sobre el "matrimonio" homosexual

Hay ciertos temas que no se pueden tratar. No son políticamente correctos. No se permite a nadie, por ejemplo, oponerse al matrimonio homosexual, pues el que tal cosa hace, resulta sospechoso de homofobia.

La polémica ha surgido porque el ministro del interior, Jorge Fernández, ha participado en un coloquio sobre Religión y Espacio Público celebrado el fin de semana del 2 y 3 de marzo en la Embajada de España ante la Santa Sede en Roma. En ese contexto, y hablando sobre la independencia de ciencia y fe, el ministro ha dicho que para explicar la oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo no es necesario usar argumentos religiosos, porque existen argumentos racionales que justifican por sí solos que los poderes públicos no otorguen a esa unión la misma protección jurídica que al matrimonio natural. Y ha puesto como soporte de tal afirmación una obviedad indiscutible: Que si la sociedad se basara sólo en relaciones homosexuales, la supervivencia de la especie quedaría comprometida. Porque evidentemente, la unión de dos personas del mismo sexo no es fecunda, y se agota en sí misma. No supone tal afirmación juicio de valor alguno, sino una simple constatación de una realidad evidente: Que solo la unión de un óvulo con un espermatozoide permiten la fecundación de una nueva vida.

Pues bien, a pesar de ello, dos personajes del Partido Popular, Iñaki Oyarzábal (Secretario General del Partido Popular vasco y Secretario de Derechos y Libertades del PP) y Ramón Gómez Ugalde (parlamentario del Partido Popular en el Parlamento Vasco), se han permitido descalificar al ministro de su propio partido y marcar las distancias entre el ministro y ellos mismos. Imagino que debe ser por el temor a las consecuencias que esas palabras puedan tener en posibles pérdidas de votos en su ámbito de influencia. Pero en el fondo traslucen peligrosos prejuicios ideológicos. Prejuicios que les llevan a tratar de impedir que alguien como el ministro pueda expresar su opinión contraria a que nuestra legislación otorgue los mismos reconocimientos a las uniones homosexuales que a las heterosexuales. Resulta sorprendente, además, que se permita que tal crítica se pueda ejercer sin cortapisas y con la plena aquiescencia de todos.

Oyarzábal ha escrito un tweet en el que dice textualmente: “Las desafortunadas palabras de Fernández Díaz sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo son personales y en nada vinculan al PP” A su vez, Gómez Ugalde, dando un paso más, ha escrito en su cuenta de Tweeter lo siguiente: “Lamentable la opinión personal del Ministro de Interior sobre los matrimonios del mismo sexo. Esa NO es la opinión que tenemos los populares”. A este último le he preguntado por medio de la red social si con su afirmación quería decir que el PP piensa que el matrimonio homosexual es igual de válido que el heterosexual para el mantenimiento de la especie. Y él, en seguida me ha contestado “creo que usted se puede responder sólo a la pregunta...” Pero ya no me ha querido responder cuando le he dicho: “Se necesitan un óvulo y un espermatozoide para concebir. Si no, se acaba la especie. No es discriminación. Es la naturaleza.” Ante estos mensajes tan contrarios a la lógica procedentes de dos de sus dirigentes (aunque sean de segundo nivel), he llamado a la sede del Partido Popular para preguntar si era verdad que la postura de estas dos personas reflejaba el sentimiento oficial del partido. La única respuesta, bien aprendida, de quien me contestó al teléfono, fue: “Referente al tema del matrimonio homosexual, el PP se remite a la sentencia del Tribunal Constitucional al respecto.” De nada ha servido que le insistiera en que esa no era mi pregunta, sino que estaba interesado en saber si de verdad el Partido Popular repudiaba las palabras de su ministro del interior. Animo a mis lectores a que hagan lo mismo: Llamen al número gratuito 900 101 446, del Partido Popular, y a ver si consiguen ustedes que les respondan algo fuera del guión.

Arriesgándome yo ahora a recibir las críticas de los políticamente correctos, me permito opinar que me parece curioso que se monte esta disputa por un tema tan nimio (y evidente). Es obvio que para engendrar a un hijo hacen falta un hombre y una mujer. Y que la ley que legitima el matrimonio homosexual es injusta, por más que el Tribunal Constitucional haya considerado que no ataca a nuestra Constitución. Desde un punto de vista objetivo, resulta injusto discriminar jurídicamente de forma favorable un tipo de unión civil (aquella que se da entre dos personas de un mismo sexo) por meras razones sexuales. Porque la convivencia, por ejemplo de dos hermanos del mismo sexo es, a efectos prácticos, igual a la de dos homosexuales. Con la única y gran diferencia de que entre los primeros no se dan tratos sexuales. Sin embargo, la ley beneficia a la segunda respecto a la primera. Discriminación positiva, y por meras razones sexuales. Y como tal discriminación, injusta. Además de que, tal y como ha dicho el ministro, promover como modelo válido de sociedad la unión sexual infecunda es contraria al propio beneficio de la sociedad. Porque apoyando tales uniones se pone en compromiso la propia supervivencia de la sociedad. La sociedad necesita familias. Ese es el modelo más estable y que aporta mayores ventajas al individuo. Y además, las familias engendran hijos. Y nuestro bienestar económico depende de que haya suficiente población activa que produzca y sea capaz de soportar la carga de las clases pasivas. Sin embargo, en lugar de fomentar estos valores, durante demasiados años se ha insistido en el sentido contrario: Favorecer las relaciones no estables, las no fecundas y el aborto de los niños antes de nacer. De manera que hoy faltan en nuestra sociedad 1,2 millones de niños y nuestra pirámide poblacional se asemeja al hongo producido por la explosión de una bomba atómica. Que como ella, tendrá consecuencias funestas para nuestro país en breve, pues no hay ya suficientes jóvenes capaces de soportar el pago de las pensiones de las personas mayores. El desfase es tal, que no lo cubrimos ni apoyándonos en la inmigración. Aún así, seguimos empeñados en defender modelos de sociedad anti-ecológicos, que nos conducen al suicidio como civilización. Y cuando a alguien se le ocurre decir estas obviedades se le acusa de homófobo y de poner sus principios religiosos por encima de sus obligaciones como servidor público de todos los ciudadanos. Llegando incluso algunos a proponer que los católicos deberían estar excluidos de ocupar cargos públicos.

Todo lo cual, por cierto, no deja de ser paradójico, pues demuestra con mayor claridad si cabe precisamente el punto que el ministro trataba de demostrar: Que para defender la primacía de la razón se recurre con frecuencia a argumentos que no son racionales, sino meramente ideológicos, descalificando las opiniones contrarias, a las que se califica de posturas religiosas. El mundo al revés. Tendría gracia, si no fuera trágico.