12 de julio de 2010

Es mentira que el gobierno pretenda reducir el número de abortos

El aborto es caro. No sólo es que tiene un impacto negativo brutal en la madre que aborta a su hijo, ni que la sociedad esté perdiendo habitantes de forma alarmante merced al aborto, sin que exista ahora posibilidad de recuperación en las negativas tendencias demográficas. Una pirámide poblacional que, más que una pirámide parece un hongo, resulta un peligro inminente para nuestro estado de bienestar, porque cada vez más personas dependerán del trabajo de menos gente. Todo esto, evidentemente es grave y costoso, en términos humanos y también económicos. Pero no es a esto a lo que me refiero cuando digo que el aborto es caro.

Me ha llamado la atención la conclusión del Informe que el pasado 17 de junio ha presentado el Consejo de Estado sobre la ley del aborto que entró en vigor este pasado lunes. Pueden consultarlo aquí. En este informe, el Consejo de Estado saca los colores al Ministerio de Sanidad por no haber previsto las consecuencias económicas que la ley 2/2010 que, según el informe, "permite sin más la interrupción voluntaria de todo embarazo con la sola exigencia de que el tiempo de gestación no supere las catorce semanas", va a suponer a las arcas del Estado. Y esto es así porque hay otra normativa, el RD 1030/2006, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, que obliga a atender en los centros de atención primaria los casos de embarazo con resultado abortivo (incluida la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos previstos en la legislación vigente). Cuando se redactó el RD 1030/2006 nadie sospechaba el aumento tan tremendo de casos de aborto que, según reconoce el Consejo de Estado, va a traer la ley 2/2010. Y así, como indica el informe:
"El tema no es desde luego intrascendente dada la variada condición de personas, muchas no españolas, que se benefician del Sistema Nacional de Salud; incluso alguna Comunidad Autónoma ha pedido un análisis preciso del problema y la posibilidad de estudiar regímenes de corresponsabilidad Estado-Comunidades Autónomas.
Es obvio que el panorama económico derivado de la Ley Orgánica 2/2010 será distinto al hasta ahora previsto, y prueba de ello es que la propia ley orgánica establece en su disposición adicional segunda que "el Gobierno evaluará el coste económico de los servicios y prestaciones públicas incluidas en la Ley adoptando, en su caso, las medidas necesarias de conformidad a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud".
"Parece en definitiva evidente que el cambio legal que ha supuesto la Ley Orgánica 2/2010 supondrá, o puede suponer en el futuro, un aumento de la actividad sanitaria pública enlazada a ello, así como de la privada "vinculada". Lo uno y lo otro implicarán los consiguientes gastos que no pueden dejar de analizarse y que el legislador ha ordenado explícitamente que deben evaluarse, lo que no se ha hecho en el procedimiento de elaboración de la norma".
Es decir, que para el Consejo de Estado resulta evidente que esta ley va a aumentar el número de casos de aborto. ¿Todavía le queda a alguien alguna duda? Al Consejo de Estado le preocupa que esto va a ser más caro de lo previsto. Y a mí, aparte del hecho de que esta ley es un atentado contra la dignidad de la persona, me preocupa que nuestros políticos nos la hayan vendido como una ley para reducir el número de embarazos no deseados. Porque cuando la gente pensaba que lo que querían decir es que iba a haber menos abortos, en realidad querían decir que iba a haber más embarazos, pero menos embarazos a término. De manera que no es cierto que esta ley busque reducir el número de abortos. Otra de trágala.
Share
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...